La solicitud de medidas provisionales responde a las condiciones y la celeridad con que se ha dado trámite en la Asamblea Legislativa a la iniciativa para crear una Ley de Reconciliación Nacional (LRN), excluyendo a las víctimas en su discusión y pretendiendo incluir algunas disposiciones contrarias a las obligaciones internacionales.
El Centro por la Justicia y el Derecho Internacional (CEJIL) en conjunto con Tutela Legal María Julia Hernández, solicitaron a la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH) que emita medidas de protección, ante la inminente aprobación de una Ley de Reconciliación Nacional por parte de la Asamblea Legislativa de El Salvador.
Las medidas provisionales solicitadas se enmarcan en la supervisión de cumplimiento de la sentencia emitida en 2012 por la Corte IDH en el caso de las masacres de El Mozote y lugares aledaños. En ella, se determinó la responsabilidad del Estado salvadoreño por los hechos de esta masacre, la cual constituye una de las más grandes cometidas en la región. En consecuencia, el Alto Tribunal ordenó a El Salvador adoptar medidas para que la Ley de Amnistía -vigente hasta esa fecha- dejara de ser un obstáculo para la obtención de justicia para las víctimas del conflicto armado, y que llevara a cabo la investigación de los hechos del caso, así como el juzgamiento y sanción de todos los responsables.
La solicitud de medidas provisionales responde a las condiciones y la celeridad con que se ha dado trámite en la Asamblea Legislativa a la iniciativa para crear una Ley de Reconciliación Nacional (LRN), excluyendo a las víctimas en su discusión y pretendiendo incluir algunas disposiciones contrarias a las obligaciones internacionales asumidas por El Salvador, que pondrían en grave riesgo el derecho al acceso a la justicia de quienes han sufrido violaciones a sus derechos humanos.
“Las consecuencias de este trámite legislativo podrían ser irreversibles para quienes han luchado durante años por la justicia. Además, son un signo claro de desacato a lo contenido en una sentencia internacional que El Salvador debe cumplir. De aprobarse, esta ley tendrá efectos devastadores en los procesos en curso y profundizará la deuda del Estado con las víctimas”, declaró Gisela De León, Directora Jurídica de CEJIL.
En una visita al país en 2018, la Corte IDH constató las condiciones en que se estaba desarrollando el proceso penal por el caso de El Mozote, que actualmente se encuentra en etapa de instrucción, y resolvió que el Estado debe reforzar medidas para que se garantice el debido proceso. En este sentido, la iniciativa que actualmente está en trámite contraviene lo dispuesto por el Alto Tribunal.
De aprobarse el proyecto en los términos planteados, limitaría el acceso a la justicia de las víctimas del conflicto, dejando en manos del Fiscal General la selección de los casos que podrán ser conocidos por los tribunales. Aquellos que no fueran elegidos podrían quedar en la impunidad.
Además, establece que los casos deberán ser conocidos por tribunales específicos, ubicados en San Salvador, lo cual genera incertidumbre en cuanto al destino del proceso judicial de El Mozote, en el que en los últimos años se han logrado algunos avances.
A ello se suma el hecho de que la iniciativa prevé la suspensión de las penas de prisión para las personas condenadas a menos de 10 años y en el caso de aquellas sentenciadas a más de 10 años, su sustitución por trabajos comunitarios.
Asimismo, la urgencia y opacidad con que se ha llevado el trámite ha impedido la efectiva participación de asociaciones y organizaciones representantes de quienes sobrevivieron a las violaciones cometidas durante el conflicto.
Con base en todo lo anterior, CEJIL y Tutela Legal han solicitado a la Corte que ordene al Estado detener el trámite legislativo y abstenerse de adoptar cualquier iniciativa similar.
“Si la Asamblea Legislativa hace caso omiso a sus obligaciones en la materia, la Corte podrá tomar medidas ante la gravedad de las consecuencias y la obligación que tiene el Estado de cumplir con lo ordenado”, agregó Wilfredo Medrano, abogado de Tutela Legal María Julia Hernández y representante del caso de El Mozote.
Las organizaciones solicitaron estas medidas en el marco de la inminente presentación y votación de la propuesta por parte del pleno del órgano legislativo, que daría curso a la iniciativa para la posterior sanción del actual Presidente de la República, Salvador Sánchez Cerén.
